LA CRISIS IMPACTA EN LOS JÓVENES RURALES Y AHONDA LA BRECHA RURAL-URBANA

Por: Ney Barrionuevo

Mujer trabaja en el campo para sacar sus productos

Las nuevas proyecciones del Banco Central del Ecuador (BCE) sobre el crecimiento real del PIB en el 2019 lo reducen a un 0.2%, mientras que para el Banco Mundial (BM) será del 0.1% y el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un decrecimiento del -0.5%. En todo caso, las tres entidades han ajustado sus pronósticos a la baja, como consecuencia principalmente de la reducción de la inversión pública, como parte del paquete de medidas del gobierno para reducir el déficit fiscal.

Ese escenario económico de estancamiento tiene consecuencias sobre los indicadores sociales, principalmente sobre las variables de empleo y pobreza, que se han venido deteriorando, desde el último trimestre del 2014, a raíz del inicio de la caída de los precios del petróleo y que se han acelerado en el último semestre. La falta de oportunidades de empleo afecta con especial dureza a los jóvenes y la reducción de la inversión pública acrecienta la brecha rural-urbana.

Tabla 1. Empleo y Pobreza en Ecuador

(Diciembre/2018-Junio/2019)

Variables Diciembre/2018 Junio/2019 Alza/Baja
Empleo 63,2 63,9 0,7
Sub-Empleo 16,5 20,3 3,8
Empleo Adecuado 40,6 37,9 -2,7
Pobreza Nacional 23,2 25,5 2,3
Pobreza Urbana 15,3 16,8 1,5
Pobreza Rural 40,0 43,8 3,8
Coeficiente Gini 0,469 0,478 0,009

Fuente: INEC, ecuadorencifras.gob.ec

Uno de los impactos de la crisis económica y del desempleo que genera, es el crecimiento de la pobreza, que a nivel nacional llega al 25.5%, siendo la urbana del 16.8% y la rural de un 43.8%; se constata con preocupación que entre el 2015 y el 2018, la pobreza rural subió del 38% al 40%, mientras que solo en el primer semestre del 2019 ha subido 3.8 puntos porcentuales y es %, 2.6 veces más alta que la urbana.

La crisis económica, sin políticas públicas diferenciadas y específicas para atender los impactos sobre los jóvenes rurales y atenuar la desigualdad urbano-rural, amplifica sus impactos en el medio rural y acrecienta la brecha entre el campo y la ciudad:

  • Cuando se reduce la inversión publica se afecta principalmente a las zonas rurales, en donde se concentran las carencias en vialidad, servicios de salud y educativos. Mientras que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) a nivel nacional es del 33.5%, en las zonas rurales es del 59.5%, 2.8 veces más alta que en las zonas urbanas (21.4%).
  • Entre 2017 y 2018, según el INEC, la pobreza por NBI pasó del 20.5% al 21.4 en las ciudades, mientras que en el medio rural creció en más de un tres por ciento, pasando al 59.5%.
  • El empleo no adecuado se acentúa en la ruralidad, en la medida de que los jóvenes rurales no son propietarios de la tierra sino mano de obra familiar no remunerada.
  • Las menores oportunidades de inserción laboral en la economía formal, si bien estimulan los emprendimientos, se debe tomar en cuenta de que si en las áreas urbanas la tasa de mortalidad al año de los mismos supera el 80%[1], en el medio rural, con mayores dificultades logísticas de comunicación su viabilidad y sostenibilidad son aún más cuesta arriba.
  • La aprobación del examen de ingresos a las universidades es menor en los postulantes rurales (la tasa bruta de matrícula universitaria en el medio urbano es del 37%, mientras que en la ruralidad es del 10.4%[2]).
  • De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (2010), 18% de los embarazos a nivel nacional son en mujeres entre 12 y 19 años. Al desagregar la probabilidad de embarazo a los 19 años por área de residencia[3], se observa que las jóvenes del área rural tienen 14% de probabilidades versus 11% en el caso de las jóvenes urbanas (SENPLADES, 2013).
  • Ambos factores, la baja calidad de la educación que dificulta la aprobación del examen de ingreso a la universidad y el embarazo a edades tempranas, les restan oportunidades de estudio y de trabajo a los jóvenes rurales.

La pobreza rural por ingresos y NBI, 2.6 a 2.8 veces más alta que la urbana, son los indicadores que resumen el ahondamiento de la brecha rural-urbana; es previsible un aceleramiento de la migración campo-ciudad entre los más jóvenes, para engrosar la economía informal.

Se impone entonces la necesidad de instrumentar un set de políticas públicas, económicas y sociales que, en el escenario de bajo crecimiento actual, que según las proyecciones se mantendrá al menos en los próximos tres años, atenúe los impactos de la crisis en el medio rural, con énfasis en los jóvenes e impida que la brecha rural-urbana se acentúe.

Para junio de 2019, el 62.1% de la PEA en Ecuador no tenía un empleo adecuado, con un fuerte incremento del subempleo (20.3%), refugio al que se precipitan en especial los jóvenes, que ven como la situación económica del país les cierra las puertas a las oportunidades de empleo formal.

En Ecuador, el 39% de los jóvenes entre 15 a 24 años se hallan en el desempleo y el 21%, no estudia ni trabaja, son casi 900.000 personas[1], que se encontraban ya en esa situación en el 2016 y es probable que la cifra haya seguido en aumento, conforme se agravaba la crisis económica; se añade a este panorama, el hecho de que hay jóvenes que además se han cansado de tocar puertas y ya no siguen buscando trabajo.

Tres factores adicionales al escenario de crisis económica explican estos números, en primer término, la deserción escolar desde edades tempranas en los estratos más pobres, segundo, las pruebas de ingresos a las universidades que imposibilitan a muchos jóvenes continuar con sus estudios y su bajo nivel de cualificación afecta la inserción laboral; el otro, es el embarazo adolescente, siendo Ecuador el país de mayor incidencia de este fenómeno en la región (76 por cada mil mujeres), se entiende el por qué mientras en Latinoamérica el 66% de los “ninis” son mujeres, en Ecuador esa cifra asciende al 72%.

Las propuestas de políticas del Grupo de Diálogo Rural en Ecuador, apuntan en esa dirección, a contribuir a la diferenciación de las políticas de financiamiento y de articulación a mercados para jóvenes emprendedores, cambios en la formación técnica a nivel de colegios agropecuarios con metodologías más conectadas a las demandas específicas de la ruralidad, que les abran posibilidades de auto-empleo y atenúen las brechas de oportunidades con sus pares urbanos.

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